Bolivia actualiza su ley minera fundamental para modernizar la industria y reforzar el control. El código vigente desde 2014 regula la explotación minera, el control ambiental y la participación de comunidades locales y campesinas. La reforma busca fortalecer los derechos mineros, incentivar a los inversores, formalizar la minería y aumentar la transparencia. Se planea "consolidar la gestión ambiental responsable". Se evalúan nuevas estructuras de impuestos y regalías, la eliminación del límite de 30 años en los contratos y su extensión indefinida.
Las preocupaciones sobre minería ilegal, uso del agua y contaminación de mercurio siguen presentes. Organizaciones de la sociedad civil han criticado al gobierno por excluir a las comunidades de los actores ambientales.
Desde su coordinación, Ruth Alipaz señala que los efectos sobre el medio ambiente y la salud pública se están ignorando. El Comité Técnico incluyó a la Confederación Unificada de Campesinos; sus miembros se reunieron con el gobierno, cooperativas mineras y empresas privadas.