La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado un marco legal que permita la intervención del Ministerio Fiscal en los juicios de desahucio que afecten a ciudadanos vulnerables, tomando como referencia el caso de Maricarmen, desahuciada en Madrid a los 87 años tras siete décadas en su domicilio. La asociación subraya que, aunque la normativa actual otorga a los servicios sociales la facultad de emitir informes, no existe una previsión general que habilite al Ministerio Fiscal para actuar como parte en defensa de los derechos de estas personas dentro del proceso.