El Ayuntamiento de Madrid transfirió la gestión de la autopista M-30 al ámbito público bajo la denominación «Calle 30» a partir del 1 de enero de 2026.
En este marco, adquirió el 20 % restante de la participación en la gestión a Emesa —consorcio de Ferrovial y ACS— por 103 millones de euros.
No obstante, el consistorio decidió condonar en lugar de reclamar la deuda eléctrica acumulada desde 2005, que asciende a 112 millones de euros.