El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó en julio una demanda antimonopolio para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros., argumentando que la administración Trump no actuó por motivos políticos.
Bonta alegó que la Casa Blanca había anulado los propios juicios de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, lo que, según dijo, produjo malos resultados para los estadounidenses.
Sin embargo, dos meses después, Bonta se vio obligado a retirar la demanda solo con condiciones limitadas, como resultado de la intervención temprana y frecuente del gobernador Gavin Newsom, la amenaza de Paramount de trasladarse a Tennessee y la presión política construida con el apoyo de la industria.