La Defensa del Estado, actuando en nombre del Primer Ministro, el Ministerio de Justicia y las Relaciones con el Parlamento, ha presentado una declaración escrita ante el Tribunal Administrativo de la Corte Suprema, en la que se ha opuesto a la solicitud de suspensión propuesta por Vox y Iustitia Europa. El Gobierno ha señalado que dicha medida no es 'adeuada ni conforme con el derecho', y ha destacado que afectaría directamente al derecho de voto de aproximadamente 189.678 personas, generando 'incertidumbre y vulnerabilidad' en el proceso electoral.