El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determinó que la situación de inestabilidad laboral de un funcionario administrativo que trabajó desde 1 de octubre de 1997 en el Ayuntamiento de Firgas constituye una 'mal utilización del uso', y condenó al ayuntamiento a pagar una indemnización de 7.501 euros.

La sentencia se basa en el criterio de la Corte de Justicia de Europa de la decisión de 2026 sobre el caso Obadal y en el doctrine de la Corte Superior, estableciendo un marco de indemnizaciones en tres niveles. Para un periodo superior a 16 años, se fijó una indemnización de 5.001 euros; además, por el hecho de que el ayuntamiento no haya iniciado el procedimiento de estabilidad laboral hasta 2024, se añadió una indemnización adicional de 2.500 euros por 'peso y insistencia'.

La primera instancia rechazó el caso, pero el TSJC lo resolvió parcialmente.