El Fondo de Estudios Económicos Aplicados de España (Fedea) ha analizado los efectos económicos de dos propuestas de ley de arrendamiento aún en espera de aprobación por el Congreso y la Diputación Permanente.
El estudio destaca que las normas obligan a la extensión automática de los contratos durante cinco años (siete años en el caso de inquilinos jurídicos), creando una estructura similar a un contrato indefinido para los inquilinos, mientras que para los propietarios representa una 'costo de despidos'.
El indemnización se calcula como el monto superior a 12 meses de renta o un monto equivalente a un mes de renta por año, y se aplica mediante un índice de referencia.