El Juzgado Administrativo de la Corte Suprema ha rechazado la solicitud de medida de urgencia presentada por el gobierno autónomo de Ceuta, que exigía a la administración central un plan operativo para el retorno o la expulsión de adultos migrantes en un plazo de diez días tras la llegada masiva el 30 y 31 de julio. La corte consideró que el gobierno de Ceuta no había demostrado que hubiera existido inactividad por más de dos meses, y que durante ese periodo no se había presentado ninguna solicitud de protección urgente, por lo que concluyó que no se cumplía el criterio de 'especial urgencia' necesario para aplicar una medida de urgencia.