En EE.UU., la lucha contra la contaminación ha permitido a los ciudadanos llevar a los tribunales a empresas y organismos públicos desde los años 70. Estas 'demandas ciudadanas' han ayudado a resolver miles de problemas ambientales. Sin embargo, la administración Trump quiere limitar este derecho y dejar la lucha contra la contaminación únicamente en manos del poder ejecutivo.
Las demandas ciudadanas se han utilizado en más de 2000 casos desde los años 70. Estas demandas han logrado reducir la contaminación del agua y el aire, proteger especies endémicas y garantizar el pago de multas. Sin embargo, la administración Trump quiere limitar este derecho y dejar la lucha contra la contaminación únicamente en manos del poder ejecutivo.
Este cambio podría dificultar la aplicación de las leyes de protección ambiental y permitir que las empresas contaminantes evadan sus responsabilidades. El derecho de los ciudadanos a alzar la voz contra los problemas ambientales podría verse amenazado por este cambio.